Texto: Edgar Alvarez
Montecristi.— La denuncia sobre una posible extracción de arena y otros agregados de los ríos de la provincia de Montecristi merece ser tomada con seriedad, pero también requiere pruebas, inspecciones oficiales y datos concretos antes de señalar responsables.
Lo que sí está claro es que la extracción de agregados directamente de los cauces y las riberas de los ríos constituye una actividad ambientalmente sensible y, en determinados casos, ilegal. El Ministerio de Medio Ambiente ha reiterado que no está permitido extraer arena de los ríos y que quienes sean sorprendidos realizando esta práctica pueden enfrentar sanciones y el decomiso del material.
Además, el propio Ministerio reconoce que la extracción inadecuada de arena, grava y otros materiales de los cauces constituye un problema ambiental que puede alterar la dinámica de los ríos. La documentación oficial sobre minería no metálica establece procedimientos para autorizar actividades extractivas, precisamente para evitar intervenciones sin control.
En el caso particular de Montecristi, existen antecedentes de intervenciones de Medio Ambiente ante denuncias ambientales. En 2024, la institución informó sobre la paralización de un vertido de materiales en los humedales y manglares de Caño Yuti, luego de recibir una denuncia y realizar una inspección en el lugar.
También resulta significativo que documentos oficiales antiguos ya identificaban a Montecristi entre las provincias donde existían zonas de extracción de agregados, tanto en canteras como en cuencas acuíferas. Esto demuestra que el tema no es completamente nuevo en la provincia.
Sin embargo, una cosa es demostrar que existe un riesgo o antecedentes de extracción y otra afirmar que actualmente se está sacando arena ilegalmente de determinados ríos de Montecristi. Para establecer la veracidad de la denuncia actual sería necesario conocer cuáles ríos están siendo afectados, en qué lugares, qué tipo de maquinaria se estaría utilizando, quién realiza la actividad y si existen o no autorizaciones ambientales.
La experiencia reciente en otras provincias demuestra que las consecuencias pueden ser importantes. En 2026, Medio Ambiente intervino los ríos Haina y Nizao debido al deterioro provocado, entre otros factores, por la extracción ilegal o indiscriminada de agregados.
Por eso, la denuncia en Montecristi no debería ser descartada ni tampoco dada por cierta sin una investigación. Lo correcto sería que Medio Ambiente y el SENPA realicen una inspección en los puntos señalados, determinen si existe extracción, verifiquen las autorizaciones correspondientes y hagan públicos sus resultados.
La protección de los ríos no debe convertirse en un tema político ni en una disputa entre sectores. Si existe extracción ilegal, debe aplicarse la ley; y si la denuncia carece de fundamento, también corresponde aclararlo públicamente.
La pregunta, por tanto, no es solamente si se está sacando arena de los ríos de Montecristi, sino si las autoridades ambientales han realizado las inspecciones necesarias para confirmar o descartar esa denuncia.
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